Tras 32 años de permanecer bajo llaves, y a pedido de una investigación del juez federal Sergio Torres, se conocieron imágenes inéditas de “los vuelos de la muerte”. Los legajos con fotografías muestran los signos de la tortura en 20 cadáveres, aparecidos en Uruguay entre 1976 y 1979. Ahora piden averiguar dónde estarían enterrados los cuerpos.
(Infojus Noticias)
Un nuevo signo del horror de la dictadura militar salió a la luz: se conocieron fotos de “los vuelos de la muerte”, un crimen que las Fuerzas Armadas aún se niega a reconocer. A pedido del juez federal Sergio Torres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desclasificó las imágenes de las víctimas, tras 32 años de permanecer bajo llaves.
Las fotos corresponden a 20 cadáveres aparecidos en las playas de Uruguay entre 1976 y 1979. Y se presume que fueron hechas por peritos de las fuerzas armadas o la policía de Uruguay. Todos los cuerpos tenían ataduras en las manos y los pies con cintas y cables. En la piel lucían señales de torturas con “picana”. Algunos rostros estaban destruidos a golpes.
Las imágenes son escalofriantes. Aparece el cadáver de una mujer, que tenía pintadas las uñas del pie y presentaba lesiones de violación, vaginal y anal. Fue encontrado en la uruguaya Laguna de Rocha, con salida al mar, el 22 de abril de 1976. Otra mujer tenía entre sus ropas un documento de identidad, que mencionaba la fecha de nacimiento en 1954. Y algunos de los cuerpos guardaban en los bolsillos monedas y billetes de esa época en Argentina.
A partir del hallazgo de estos legajos, que la CIDH guardó desde 1976, el juez federal Sergio Torres intenta ahora dar un paso más y rastrear dónde están esos cuerpos que podrían ser los de 21 desaparecidos, con la expectativa de identificarlos y poder devolver los restos a sus familias. Para eso, días atrás firmó un exhorto que será enviado a Uruguay con un pedido de apertura de todos los archivos judiciales, del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas y de seguridad que puedan ayudar a reconstruir lo que sucedió desde el momento en que esas personas sin vida fueron recogidas de las aguas.
Todo comenzó en octubre del año pasado, cuando Torres, a cargo de la investigación sobre los crímenes cometidos en la ESMA, viajó a Estados Unidos para consultar documentación del archivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en especial aquella vinculada con la visita de ese organismo a la Argentina en 1979. Había más de treinta cajas, que parecían haber permanecido sin abrir desde entonces.
El juez revisó una por una y fue allí donde encontró una carpeta amarilla con un centenar de fotografías que acompañaban informes sobre cuerpos que aparecieron, al parecer, entre 1976 y 1978, cerca de distintos pueblos de la costa del país vecino: Colonia, Carmelo, José Ignacio, Balizas, Laguna de Rocha, Laguna de Garzón, Piriápolis, Solana del Mar, La Paloma.
Los reportes estaban escritos a máquina, por agentes de inteligencia de la Prefectura uruguaya y algunos por peritos. Incluían descripciones como la siguiente: cuerpo femenino, cutis blanco, cabello negro, estatura 1,60 metro, complexión mediana, unos treinta años, tiempo de muerte aproximado de entre 20 y 25 días.
“Indicios externos de violencia: signos de violación, probablemente con objetos punzantes; fracturas múltiples y el codo izquierdo destrozado; múltiples fracturas en ambas piernas con indicios de haber sido atadas; enorme cantidad de hematomas diseminados por todo el cuerpo; destrozo total del cráneo y del macizo oseofacial”, añadía. Otro parte hablaba de “fractura de muñecas, como si hubiera estado colgada de ellas; quemaduras en ambas manos; derrame sanguíneo interno provocado por la rotura de vértebras” y “zona pubiana, anal y perianal destrozada con objetos punzantes”.
En el juzgado de Torres entienden que esas imágenes dan cuenta de las condiciones en que se encontraban las víctimas y cómo eran arrojadas al mar desde aviones. Los informes daban casi por hecho que provenían de la Argentina. A veces por la ropa de una determinada marca. O por las corrientes marítimas se consignaba que –según se analizaba en un mapa– Buenos Aires era posible punto de origen.
La prueba irrefutable de los “vuelos de la muerte” salió a la luz en 2005 cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó unos cadáveres aparecidos en 1977 en la costa bonaerense. Se trataba de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor de Devincenti, sus compañeras Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco y Angela Aguad y la monja francesa Leonie Duquet, que habían sido secuestradas entre el 8 y 10 de diciembre.
Los cadáveres aparecieron seis días después en las playas de Santa Teresita, arrastrados por la corriente marina, y fueron inhumados como NN en el cementerio de General Lavalle.